Luego
de dos meses de tensa situación en la provincia de Islay, que se inició con el
paro del 23 de marzo, el gobierno
decretó el Estado de Emergencia en la mencionada zona.
Con
esa medida, en lugar de llamar al
diálogo democrático, el gobierno pretende “solucionar” el conflicto social,
frenando el justo reclamo popular, persiguiendo, vejando y estereotipando a sus
líderes, con la contribución de una prensa sumisa, en un caso más de
criminalización de la protesta.
La oposición en Islay tiene válidas razones, puesto que Southern
Copper, la transnacional que pretende invertir en Tía María, ha actuado de
forma prepotente y nada transparente y no ha cumplido con los requisitos
mínimos que garanticen que su ejecución no destruya el ecosistema de la zona:
El primer Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) presentado tuvo 136
observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para
Proyectos (UNOPS). Sin embargo, en 2014, el Ministerio de Energía y Minas, aprobó el segundo EIA sobre Tía María, a
pesar de la preocupación de la ciudadanía, ante la cual, el gobierno señaló que
se habían subsanados las observaciones, pero los ambientalistas señalan que
estas observaciones deben ser levantadas por UNOPS, la misma institución que
las realizó.
Este respaldo oficial abierto se
terminó de encarnar en el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, quien
señaló que existe un documento con contenido técnico que “aclarará” que el
proyecto Tía María no afectará a la agricultura, la agricultura familiar, principal
actividad económica de la provincia, que es fuente de trabajo para hombres y
principalmente, mujeres de la zona del Valle del Tambo.
Hay más razones por las que Islay
se niega a que Southern Copper explote Tia María : cuatro personas han
muerto ( 3 en 2011 una en 2015) por reclamar lo justo, cientos han sido
heridas, muchas perseguidas, a lo que se suma la falta de credibilidad de
Southern Copper – el Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto
total de 530, 745 dólares
por infracciones ambientales– y finalmente, el respaldo que muestra el gobierno
a las transnacionales desconociendo los derechos de la población.
La apuesta abierta
del gobierno por la minería
El conflicto de Tía María es uno de los 149 conflictos
sociales activos en nuestro país según la cifra proporcionada por el reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a abril.
De acuerdo a este documento, en total se registraron 208 conflictos
sociales, de los cuales 149 están activos y 59 latentes. De este total, la
mayor parte de conflictos son casos socioambientales, como el caso de la
refinería de Talara (Piura),
Hoy la agenda de los medios dirige
su mirada a Tía María, hace unos meses fue a Conga –lo que no quiere decir que
porque no se nombre ya, la situación no
siga siendo grave en Cajamarca– en su momento fue Talara, años atrás Cerro
Quilish o Tambogrande, que menos mal
tuvo final feliz, si no ya no contaríamos con nuestro delicioso limón pequeño,
redondo, verde amarillo y ácido.
Los nombres de las comunidades van
cambiando en los titulares de los medios de comunicación, y eso no quiere decir
que no continúen o que se haya arribado a la solución más justa, ni mucho
menos. Todos reflejan
un mismo problema: La apuesta abierta del gobierno por la inversión minera y la
actividad minera como matriz productiva que
afecta a los y las agricultores, la soberanía alimentaria y la
sostenibilidad del país.
¿La minería
genera riqueza?
Es una afirmación que sostienen los simpatizantes de
la inversión minera, basándose en la uniformidad del PBI en los últimos años, lo
que en términos macroeconómicos representa el crecimiento económico del Perú.
Un “crecimiento” que no necesariamente
significa desarrollo, mejoras en la calidad de vida de la población,
especialmente en lo que a salud y educación se refiere, o disminución de las
brechas de desigualdad. Más aún estás se han hecho más evidentes y los
servicios de salud y educación, se han privatizado y si son públicos siguen en
franco camino a la precariedad, si ya no son precarios.
Asimismo, si miramos cada una de las comunidades
mineras, ninguna tiene el desarrollo que necesita y que les fue ofrecido. Ni
mejoró la salud, ni la educación…muy por el contrario se incrementó la
contaminación ambiental, las enfermedades de niñas, niños y mujeres, sin
esperanzas de una vida mejor, la explotación laboral, inseguridad ciudadana, la
trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente, menores de
edad, la violencia familiar, el alcoholismo…
¿Por qué
apostar por la agricultura?
La producción agrícola de Islay
se concentra en cultivos como el arroz, papa, ajo, camote, cebolla, la única y
riquísima cebolla roja del Perú, maíz amarillo, olivo y caña de azúcar. Hay
también una importante actividad agropecuaria derivada de la agricultura, que
durante miles de años ha sostenido y sigue sosteniendo la vida de los y las
pobladores del valle y la de todo el país.
Si Tía María se ejecuta, se
estará realizando explotación
minera de cobre a tajo abierto en el Valle de Tambo, una zona
dedicada a la agricultura.
Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará a las producciones
agrícolas. Como señala el EIA, la explotación de Tía María será a tajo abierto,
un cuestionado método de extracción que utiliza explosivos y deja enormes
agujeros en la tierra.
Hay un aspecto importante que
tomar en cuenta, los proyectos mineros tienen fecha de defunción, puesto que se
sustentan en un recurso no renovable, los minerales, una vez agotados, y para
esto no pasan más de 40 años, solo
quedan enormes orificios, cual paisaje lunar, silencioso testimonio de la
depredación de un territorio sin agua, que ya no puede ser cultivado, ni
habitado; de igual manera, se acaban los puestos de trabajo, en otras palabras,
se acaba la vida de la comunidad y vienen los y las desplazados por razones
ambientales.
Hacia otra
matriz productiva por la sostenibilidad de la vida
La
agricultura es el único sector realmente productivo de la economía, puesto que
la naturaleza tiene la virtud de generar excedentes en forma permanente e
indefinida. Según sus principales ideólogos, solamente la naturaleza permite
que el producto obtenido siempre sea mayor que los insumos utilizados en su
producción. Esto, en lenguaje tecnocrático actual, no es otra cosa que
sostenibilidad, ya lo decían los
fisiócratas en el S. XVIII, antes de la Revolución Francesa.
Ningún
cambio de la matriz productiva puede producirse destruyendo al agro, lo cual
implica responder a las demandas de los sectores campesinos e indígenas que
cuestionan tanto la política minera del Gobierno como la desidia legislativa, y
esta es una situación y un desafío que
no solo se da en nuestro país, sino que es común a otras naciones sudamericanas
y de la región latinoamericana.
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