Posicionamiento de la MMM frente a la COP 21

El clima de nuestro planeta cambia de forma visible y rápida. Múltiples acontecimientos climáticos extremos observados en los últimos años, como cambios en las lluvias, la intensidad y alcance de las sequías, la fuerza  creciente de los huracanes, entre otros, están conectados con el aumento de la temperatura en la tierra. Estos episodios han tenido ya numerosas consecuencias negativas para comunidades de todo el mundo. Estos cambios no tienen nada de natural, sino que son las consecuencias de la acción humana sobre el planeta, como así lo han demostrado científicos-as en el informe del GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático) publicado en Noviembre de 2014. Este informe confirma la gravedad de la situación: el calentamiento global podría superar los 4º de aquí al año 2100 y, para muchos científicos-as, esto es ya un fenómeno irreversible.  

Por otro lado, otras degradaciones ambientales son muy preocupantes, como el aumento del nivel del mar, la reducción de la biodiversidad, la destrucción ambiental, la desertificación, la acidificación de los océanos, la salinización del agua, las malas cosechas, la contaminación del aire, las mareas negras, los plásticos y otro tipo de contaminantes, el deshielo de los glaciares, los records de temperaturas en invierno y en verano, la multiplicación de los Tsunamis y los ciclones fuera de temporada.  

NO hay justicia climática sin feminismo

Las consecuencias del cambio climático, no son únicamente físicas, sino también sociales, económicas, políticas y producen desigualdades. Estas consecuencias no son teóricas, sino que se hacen sentir ya por todo el planeta.  

Los países y las poblaciones pobres, y las mujeres en primer lugar, son cada vez más vulnerables a las catástrofes que conllevan grandes movimientos de población. Las mujeres pobres de las zonas rurales y las mujeres indígenas son más dependientes de los recursos naturales para sobrevivir y en diferentes partes del mundo son ellas las responsables de la producción de comida y de la subsistencia, de la recogida de agua y están a cargo de los-as niños-as y de las personas ancianas.  

Pero esto no es sólo un problema de los países pobres. Aquí, en Europa, la crisis climática amenaza con acentuar las desigualdades en el acceso a la sanidad, a una alimentación sana, al acceso a recursos de agua, a la electricidad, etc… Y esto puede tener un impacto muy importante en la vida de las mujeres en Francia.  

En las estrategias del sistema capitalista, podemos ver un paralelismo entre la explotación de la naturaleza y la explotación del tiempo de las mujeres: tanto lo uno, como lo otro, son tratados como recursos inagotables y flexibles que son usados como variables de ajuste para garantizar el beneficio capitalista basado en el trabajo de las mujeres y en la apropiación privada de los medios comunes. El tiempo y la energía que emplean las mujeres en las tareas domésticas, y de cuidar de otros-as en una doble o a veces triple jornada de trabajo no es visible y es flexible en función de la disponibilidad o supresión de los servicios públicos. De la misma forma, el tiempo y la energía de los procesos de regeneración de la naturaleza son invisibilizados y tratados como una molestia para la maquinaria productiva. La división sexual del trabajo es la base del sistema capitalista, donde el trabajo asimilado a la producción, es ampliamente valorizado a todos los niveles (material, simbólico, etc…) mientras que el trabajo que garantiza la reproducción social, realizado mayoritariamente por las mujeres, es considerado como subalterno, incluso cuando éste contribuye para la manutención del sistema.  

Señalar con el dedo a los culpables para construir la Justicia Climática

Frente a esta crisis climática, es importante preguntarse como hemos llegado aquí. Las evidencias científicas muestran que la degradación del planeta está estrechamente vinculada con el modo de producción capitalista y el modelo de consumo que lo acompaña, y que se intensifica y se globaliza tras la Revolución Industrial.  

Para alcanzar la justicia climática, es importante subrayar la responsabilidad histórica de los países industrializados del norte en la situación que vivimos. Por tanto, si los países históricamente ricos son los más contaminantes, es necesario señalar una mayor responsabilidad de las poblaciones ricas con su modelo de vida altamente consumidor de carbono y energía, así como de algunas empresas (especialmente aquellas que operan en el campo de las energías fósiles).  

Las ocupaciones coloniales y las guerras también juegan un rol muy importante en la destrucción de la ecología del planeta. La explotación y subyugación de poblaciones enteras, para el provecho de algunos Estados e industrias, ha destruido muchos ecosistemas, robado tierras, contaminado y expoliado las riquezas naturales de los países del Sur. Las guerras tienen numerosas repercusiones en la naturaleza: contaminación de las empresas de armas y de los sistemas de seguridad, coste medioambiental del mantenimiento de los ejércitos y de preparación de los conflictos, efectos de las bombas y de otras armas de guerra sobre el medioambiente, etc.  

Feministas hacia la COP 21 no a las falsas soluciones

La Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21) tendrá lugar en Paris, Francia, del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2015. Nuestros gobiernos han anunciado, y están haciendo promesas, para conseguir un “Acuerdo Vinculante legal Universal”. Desde la Conferencia de Rio en 1992 y la Conferencia de Kyoto en 1997, los gobiernos se han reunido regularmente, y este acuerdo todavía no ha sido alcanzado. En vez de eso, las empresas multinacionales se han asegurado el apoyo político de los gobiernos para garantizar que sus intereses hacen parte de las estrategias de fondo de estos acuerdos. Las falsas soluciones se multiplican, en un tiempo en el que las emisiones - Y la deforestación- continua aumentando dramáticamente en todo el mundo. Los  mercados de carbono, REDD y REDD+ (mecanismos de reducción de emisiones asociados a la deforestación y la degradación de los bosques), las bioenergías provenientes del monocultivo, la economía verde y la financialización de los seres vivos son sólo algunos ejemplos de esto.  

No queremos que el crecimiento económico tenga prioridad sobre las vidas humanas, y no queremos un mundo en el que los negocios controlen nuestro planeta y nuestros derechos. En todos lados, las empresas están intentando controlar las tierras y los territorios, llegando incluso a usar violencia física y sexual, milicias, ejércitos y fuerzas policiales. En todos sitios, las comunidades más pobres enfrentan la contaminación y la destrucción de sus ambientes naturales, sea a través de la construcción de presas a lo largo del Amazonas, en China, o en India, o construyendo autopistas en los suburbios de Paris, o grandes supermercados en el campo francés.  

Nuestra visión sobre la cuestión climática y ambiental considera que la destrucción de la naturaleza hace parte de la forma en la que el capitalismo está organizado en torno a su cruzada incesante en la búsqueda de beneficios. No es suficiente identificar el impacto que este sistema tiene sobre las mujeres. Partimos del análisis de que el capitalismo usa las estructuras  patriarcales en su proceso de acumulación. Como resultado, no creemos en las acciones que procuran reducir el impacto negativo del sistema de producción. En cambio, nosotras apostamos por transformar las estructuras que son responsabilidad de las relaciones de poder desiguales, combinando las perspectivas de clase, raza, sexualidad y género.  

Cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres,

cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo

La Marcha Mundial de las Mujeres lucha por un cambio real: queremos superar la división sexual del trabajo, promoviendo el hecho de que el trabajo doméstico y de cuidados sea la base de la vida humana y de las relaciones entre las personas al seno de la familia y de la sociedad. El reequilibrio y división de los trabajos domésticos y de cuidados entre los hombres y las mujeres, es la base de la construcción de una relación dinámica y armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza.  

Nuestro proyecto reposa sobre el fortalecimiento de los vínculos entre las mujeres, la toma de conciencia de las preocupaciones comunes a todos-as, particularmente a nivel local, la lucha sobre los cambios en el modelo de consumo y de producción del sistema capitalista. Nuestro desafío implica la unión de la lucha de las mujeres, tanto urbanas como rurales, contra la desigualdad ambiental, para salvaguardar los bienes comunes y los servicios públicos, para proteger la naturaleza, contra la privatización de la vida, entre otras cosas.     

Las luchas por la soberanía alimentaria, las prácticas de resistencia en agroecología históricamente dirigida por las mujeres, la politización feminista del derecho a ejercer el control sobre nuestros cuerpos, la construcción de la autonomía de las mujeres y la centralidad de los cuidados para la vida y la naturaleza crean convergencias políticas que son una medida de construir un nuevo paradigma de sostenibilidad de la vida, fundado en la igualdad y la preocupación por las generaciones futuras. Como feministas, tenemos mucho que decir sobre las soluciones a la crisis climática y ecológica.  

NO HAY JUSTICIA CLIMÁTICA NI MEDIOAMBIENTAL SIN FEMINISMO

Declaración VIII Conferencia sobre Femicidio/Feminicidio

Recomendaciones de la sociedad civil para la cumbre UE CELAC sobre violencia contra las mujeres y feminicidios/femicidios

 

·         Las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y Europa estamos convencidas que la erradicación de la violencia contra las mujeres  y niñas (VCM) en todas sus formas y, en particular, en su manifestación más extrema, el femicidio/feminicidio, requiere que los Estados cumplan con el deber de actuar con la debida diligencia para garantizar los derechos de las mujeres.

·         El diálogo bi-regional sobre género EU-CELAC de Santiago en 2013 tiene como uno de sus ejes centrales la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los femicidios o feminicidios. Esto constituye un hito en la cooperación birregional, sin embargo, hasta ahora se ha mostrado insuficiente. Tal como se señaló en dicha cumbre, el diálogo se debe fortalecer con la participación de las organizaciones  de mujeres y feministas de ambas regiones, promotoras de los avances en esta materia en cada uno de sus países.

·         Consideramos necesario que esta Cumbre acuerde medidas efectivas para asegurar avances en la erradicación de esta violencia. Para ello solicitamos:

·         Que el nuevo plan de acción estratégico bi-regional EU-CELAC refuerce el eje sobre  erradicación de la discriminación y eliminación de todas las formas de VCM.

·         El capítulo de género debe estar basado en los estándares de la CEDAW,  la Convención de Belém do Pará, el Convenio de Estambul y los instrumentos de los sistemas regionales de derechos humanos, incluyendo la Carta Europea de derechos fundamentales.

·         Para combatir todas las formas de VCM, el diálogo bi-regional sobre género debe incluir al menos dos sesiones anuales y se debe establecer, con la participación de organizaciones de mujeres y feministas objetivos operacionales y actividades, con plazos determinados y mecanismos eficaces de evaluación y seguimiento de su cumplimiento.

·         Sobre la base del reconocimiento de la diversidad de las mujeres por razones étnicas, de edad y orientación sexual, entre otras; este capítulo debe garantizar al menos: 

1) Visibilidad de todas las formas de VCM y, en particular, el feminicidio/femicidio, la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y las desapariciones, así como el reconocimiento de la interrelación entre todas estas expresiones de violencia. 

2) Acceso a una justicia efectiva y eficiente para todas las mujeres y la erradicación de la impunidad, incluyendo la reparación adecuada para las víctimas y sus familias, el establecimiento de garantías de no repetición, asegurando la justicia transicional.  

3) Reconocimiento del papel estratégico de las organizaciones feministas y de mujeres en la definición y evaluación social a la respuesta estatal frente a todas las formas de VCM, garantizando la sostenibilidad de los avances, procesos de monitoreo y de rendición de cuentas.

 

La debida diligencia, que implica prevenir, proteger, investigar, sancionar todo acto de violencia y reparar a las víctimas, debe manifestarse en que los Estados:

·         Firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul, así como el Protocolo Facultativo de la CEDAW, con miras a avanzar en estándares compartidos en materia de derechos de las mujeres.

·         Avancen en el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, en especial del Comité CEDAW, y promover la colaboración y el diálogo entre los mecanismos de seguimiento de la Convención de Belem do Pará y el Convenio de Estambul.

·         Produzcan, en coordinación con el movimiento feminista y de mujeres, información estadística oficial y accesible sobre todas las formas de VCM en  el ámbito privado o público y, en particular,  sobre los femicidios/feminicidios.

·         Eliminen las normas y prácticas que impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, garantizando sus derechos sexuales y reproductivos, así como la laicidad del Estado y el cambio de los imaginarios culturales que contribuyen a la perpetuación de la discriminación y la VCM, mediante acciones sostenidas y de alto impacto. 

·         Promuevan la educación para la igualdad como herramienta clave en la prevención y la construcción de modelos que contrarresten la violencia por razones de género. 

·         Fortalezcan el trabajo con medios de comunicación para avanzar en la erradicación de los estereotipos sexistas y establecer criterios éticos mínimos sobre el tratamiento mediático de la discriminación y la VCM, promoviendo y supervisando el cumplimiento de los derechos humanos, recomendando sanciones si es necesario. 

·         Implementen medidas de protección para las mujeres que viven violencia que no restrinjan su autonomía y derechos, que no se limiten  a denuncias, procedimientos penales o de otro carácter, así como mecanismos efectivos.

·         Aseguren la disponibilidad de diversas medidas de protección utilizando las más avanzadas tecnologías existentes, adecuadas a la situación de cada mujer en sus diversos roles sociales incluyendo activistas y defensoras.

·         Adopten legislación específica para la penalización de la VCM y el femicidio/feminicidio en todos los ámbitos, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Legislaciones que incluyan sanciones a agentes estatales que incumplen con su deber de actuar con debida diligencia en esta materia, por acción u omisión.

·         Implementen un plan de formación feminista sobre VCM para profesionales de todos los ámbitos que intervienen en estos casos: aparatos de justicia, servicios de salud, policías, instituciones educativas, asociaciones vecinales, medios de comunicación, entre otros.

·         Mejoren y especialicen los sistemas judiciales asegurando la accesibilidad física, económica y cultural de las mujeres a la justicia, incluyendo instrumentos adecuados para la investigación y sanción efectiva de los crímenes, y generación de la información judicial necesaria para su retroalimentación, así como la publicidad de las sentencias para la rendición de cuentas y control desde la sociedad civil. 

·         Eliminen procedimientos policiales, administrativos o judiciales que discriminan a las mujeres o las ponen en peligro, incluyendo la conciliación. Asimismo, deben poner en práctica mecanismos y acciones concretas para erradicar los estereotipos de género en los procesos judiciales, etapas de investigación y/o procesamiento de casos. 

Es necesario que los Estados europeos y latinoamericanos reconozcan los múltiples factores interrelacionados que agravan la VCM, incluyendo políticas económicas de carácter transnacional que impactan en la vida de las mujeres y niñas, en particular:

·         El impacto desproporcionado que ha tenido las estrategias para el combate de la violencia armada y la "guerra contra las  drogas" en la vida de las mujeres y su exposición a la violencia, así como en la debilitación de los  Estados, frustrando los esfuerzos por combatir la impunidad. Este  reconocimiento debe llevar a los Estados a promover un cambio en la política global de drogas en la próxima sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), poniendo en el centro el  resguardo de los derechos humanos y la urgencia de la erradicación de  la extrema violencia y la reducción de la venta de armas hacia los países latinoamericanos. 

·         Las consecuencias para las mujeres de los acuerdos comerciales que favorecen grandes proyectos industriales en países latinoamericanos, poniendo en riesgo las condiciones de vida de sus comunidades e incrementando su vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia. Se debe garantizar que los acuerdos comerciales, sean coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos individuales y colectivos.

Por último, es necesario que:

·         La Unión Europea y los Estados de América Latina incluyan como prioridad la lucha contra todas las formas de VCM dentro de la cooperación al  desarrollo bilateral y regional, las relaciones económicas y el diálogo político.

·         El capítulo de género sea dotado de recursos necesarios para su ejecución,  constituyendo un fondo específico para promover y fortalecer el trabajo estratégico de las organizaciones feministas y de defensa de derechos  humanos de mujeres. 

·         La  UE aplique sus directrices sobre VCM en su política exterior y de derechos humanos y promueva su erradicación dentro del Gender Action Plan on Women’s Empowerment and Development (GAP II) y en la nueva Estrategia Europea sobre Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

·         Finalmente, este plan de acción bi-regional UE CELAC debe promover un posicionamiento fuerte de ambas regiones ante la 60ª Sesión de la Comisión sobre el Estatuto Jurídico y Social de la Mujer (CSW, Marzo 2016) y así asegurar las mejores conclusiones posibles en lo que se refiere a la lucha contra la VCM a nivel internacional, como objetivo fundamental de la agenda post-2015.   

 

Perú: país sostenido por la agricultura familiar

La agricultura familiar es sumamente importante para la vida de países como el Perú:  El 80% de los productos alimenticios que se consumen en el mercado nacional a través de los principales centros de abastos de Lima y las comunidades  del interior del país, proceden de esta actividad, que es realizada con el concurso principalmente del trabajo de una familia. Hay una serie de conceptos vinculados, como el de pequeña agricultura, agricultura de pequeña escala o agricultura campesina.

 

Foto: Internet

 

El  aporte de los y las agricultores familiares no solamente se puede medir en cantidad, sino en calidad, ya que cultivan y cosechan una diversidad de alimentos, de la que solo pueden hacer gala diez países en el mundo,  lo que representa autonomía en la alimentación de la población y  valores nutricionales altos  en las mesas de peruanas y peruanos, con lo que se garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de nuestro país  y el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada.

 Existen muchas evidencias de que es altamente productiva, tanto en rendimientos por hectárea como en los servicios que provee. Según  los índices de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2009,  la agricultura familiar, campesina e indígena de pequeña y mediana producción tiene un papel estratégico en el abastecimiento del mercado interno : De cada 10 toneladas de alimentos que se producen en el país, 7.5 provienen de la pequeña y mediana agricultura, con lo que queda demostrado que los campesinos y agricultores/as familiares son el principal núcleo social abastecedor de alimentos.

 Además, la agricultura familiar es una forma de vida y de cultura que tiene como objetivo la reproducción social de la familia y la comunidad que gestiona sus sistemas productivos diversos,  principalmente actividades agropecuarias, forestales y de pesca con mano de obra predominantemente familiar no asalariada,  para producir alimentos y otros bienes y servicios cuyo destino final es el mercado local y el autoconsumo.

 Asimismo, genera empleo e ingresos familiares. Según cifras oficiales, el sector agropecuario emplea aproximadamente una cuarta parte de la población económicamente activa (PEA), pero contribuye solo un 8% al Producto Interno Bruto (INEI 2012). Sin embargo, estas cifras no incluyen la parte invisible (productos de autoconsumo y trabajo no remunerado, valoración de servicios ambientales), dejando a la agricultura familiar como poco productiva, cuando en realidad no lo es.

 No obstante,  hay obstáculos que deben superarse como la comercialización (bajos precios, escasa capacidad de negociación con los compradores) sigue siendo una limitante no resuelta para que las familias de agricultores vean el reflejo del esfuerzo de su trabajo en el campo. El trabajo familiar no es remunerado, por lo tanto resulta “invisible” y en mayor medida asumido por las mujeres. A los efectos económicos se agrega la valoración de productos alimenticios de autoconsumo. A lo que se suma que emplea mano de obra eventual, la que es permanentemente remunerada representa un menor índice, la competencia desleal de la agroindustria y   importación de alimentos subsidiados.

 Por ello,   para muchos agricultores familiares, la agricultura en su finca no alcanza para satisfacer las necesi dades familiares, por lo cual “el 40.7% de los productores agropecuarios del país (…) complementan sus ingresos  con otras actividades”.

 Además,  desde la visión oficial se ha se generalizado  la idea de que la agricultura familiar y campesina no es rentable y produce solo para el “autoconsumo”, frente a la agroexportación que tiene “éxitos” económicos. Sin embargo, esta última paga la mitad del impuesto a la renta, tiene un régimen laboral especial con derechos recortados para las y los trabajadores, y cuenta con agua subsidiada en un alto porcentaje.

 En el Perú diferentes gobiernos han tenido escasa voluntad política para reconocer el aporte de la pequeña agricultura y establecer políticas adecuadas para su promoción y desarrollo; por el contrario, ha favorecido la importación de cereales, aceites, leguminosas y azúcar, entre otros, y han postergado a los productores tradicionales bajo orientaciones sectoriales y en los  tratados de libre comercio.

 

 

Carta abierta a los gobiernos de UE-CELAC

Brussels, June 10th, 2015

We, members and representatives of diverse collectives and organizations from Europe and Latin America and the Caribbean, meeting in Brussels around the Days of Mobilization for Peoples Sovereignty against TNC Corporate power and the Architecture of Impunity established through Free Trade and Investment Treaties, during the second EU-CELAC summit,

 Declare,

Our strong objection and rejection of the neoliberal and austerity policies that are being applied in the EU countries in response to the crisis generated by the extreme deregulation of the financial system whose only interest is to maximize profits through the privatization of gains and the socialization of impacts and losses. After the financial crisis came the governments' debt crisis which has now given way to budgetary crisis in austerity-ridden States. More than 25 million people are now unemployed in the EU, mainly youth, while European banks have received multibillion bailouts. We denounce the attitude of the IMF, European Central Bank and European Commission who are attempting to impose the interests of the creditors on the Greek people and the Syriza-led government. We support their resistance and mobilizations, as well as the public debt audit currently ongoing in that country and the cancellation of all illegitimate debts.

 We demand substantive changes to the resource extraction policies in Latin America and the Caribbean that have been generalized all over, from Mexico to Argentina and from Brazil to Bolivia, generating dispossession and land expropriation, massive displacement of communities and environmental damages.

We demand the governments to immediately suspend indefinitely the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) of the UE with the United States, the Trade in Service Agreement (TiSA) which involves the EU and several States from Latin America, as well as the Transpacific Partnership (TPP). Signing this treaties would carry extremely negative consequences for the people not only in Europe, Latin America and the US but everywhere around the world, as a consequence of the ensuing deregulation of employment, food security, environmental laws, the privatization and/or deregulation of public services, and the granting of rights to transnational corporations and private investors that could significantly increase their ability to sue States -- a direct attack on their sovereignty.

 The second EU-CELAC summit is developing under the theme of "Shaping our common future: working for a prosperous cohesive and sustainable societies for our citizens". However, by insisting in focusing that relationship on the multiplication and establishment of Free Trade Agreements --cloaked as 'partnership agreements'-- these objectives will only get derailed and diluted and our societies will be driven to new and ever deeper crises.

 We demand a public and democratic assessment of the impacts of the EU FTAs with Mexico and Chile, whose governments are now ready to sellout whatever is left of the national economy in order to attract new capital and investors. We call on the governments of the MERCOSUR countries not to reinitiate the negotiations for an FTA with the UE. We reiterate our call against the ratification  of the EU FTAs with Colombia, Peru, Central America, currently under discussion in Parliament in several European countries.

We call on EU and CELAC governments to firmly reaffirm the principle of common and differentiated responsibilities for climate change and its impacts, and to ensure the strict implementation of this principle all throughout the new global agreement to address climate change, that shall emerge from the coming COP 21 in Paris in December 2015.

 That means European governments have to commit to the needed strict emissions cuts of European companies all over the world --with no recourse to market-based mechanisms and without carbon-offsets-- so we all can avoid further global warming and runaway climate change; and it means they need to provide the necessary financial and technical assistance to Latin American countries so they can adapt to the impacts of climate change and undertake the necessary transition to equitable economies that move away from fossil fuel dependency while ensuring the realization of all human rights.

We call on governments to commit urgently to participate actively and constructively in the negotiations for the establishment of an international legally binding instrument on business and human rights, as mandated by the UN Human Rights Council in June 2014 (decision A/HRC/26/L.22/Rev.1) in order to force transnational corporations to respect human rights wherever they operate.

 Our struggles are not only resistance -more than ever necessary to face social, economic and environmental threats to our societies- but also efforts to create alternatives to the current trade and investment policies which respect human rights and guarantee true social, integral, just, democratic and plural development.

 LIST OF SIGNATORIES (alphabetic order)

Alternative Information and Development Center (AIDC), Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales (México), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Attac Argentina, Brazilian Network on Peoples Integration (REBRIP), Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM), CADTM AYNA., Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio – CONPAZ, Center of United and Progressive Workers (SENTRO), Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA), Collectif Venezuela 13 Avril, Bruxelles, Comité pour les Droits Humains “Daniel Gillard”, Corporate European Observatory (CEO), Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Enlazando Alternativas, Entrepueblos, France America Latina, Food First Information and Action Network (FIAN), Friend of the Earth Colombia (CENSAT), Friend of the Earth Guatemala (CEIBA), Friends of the Earth International, Friends of the Earth Latin America and the Caribbean, Friends of the Earth Uruguay (REDES), Global Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, European Network of NGOs Grupo Sur, Hemispheric Social Alliance (HSA), Institute of Policy Studies- Global Economy Project, International Cooperation for Development and Solidarity (CIDSE), Mémoires des Luttes France, Mouvement VEGA, Movement of Peoples Affected by Dams in Brazil (MAB), Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos  (MAPDER), Mundubat, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL, Paz con Dignidad), Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco), Party of the European Left, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC), Rosa Luxembourg Foundation Brussels, Solidaridad Suecia – America Latina (SAL), TIYE International (Black, Migrant and Refugee women in the Netherlands), Transnational Institute (TNI), WIDE +, World March of Women.

¿Cómo observamos la mujeres lo que sucede en Tía María?

Luego de dos meses de tensa situación en la provincia de Islay, que se inició con el paro del 23 de marzo,  el gobierno decretó el Estado de Emergencia en la mencionada zona.

Con esa medida,  en lugar de llamar al diálogo democrático, el gobierno pretende “solucionar” el conflicto social, frenando  el justo reclamo popular,  persiguiendo, vejando y estereotipando a sus líderes, con la contribución de una prensa sumisa, en un caso más de criminalización de la protesta.

La oposición en Islay  tiene válidas razones, puesto que Southern Copper, la transnacional que pretende invertir en Tía María, ha actuado de forma prepotente y nada transparente y no ha cumplido con los requisitos mínimos que garanticen que su ejecución no destruya el ecosistema de la zona:

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado tuvo 136  observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS). Sin embargo, en 2014, el Ministerio de Energía y Minas,  aprobó el segundo EIA sobre Tía María, a pesar de la preocupación de la ciudadanía, ante la cual, el gobierno señaló que se habían subsanados las observaciones, pero los ambientalistas señalan que estas observaciones deben ser levantadas por UNOPS, la misma institución que las realizó.

Este respaldo oficial abierto se terminó de encarnar en el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, quien señaló que existe un documento con contenido técnico que “aclarará” que el proyecto Tía María no afectará a la agricultura, la agricultura familiar, principal actividad económica de la provincia, que es fuente de trabajo para hombres y principalmente, mujeres de la zona del Valle del Tambo.  

Hay más razones por las que Islay se niega a que Southern Copper explote Tia María : cuatro personas han muerto ( 3 en 2011 una en 2015) por reclamar lo justo, cientos han sido heridas, muchas perseguidas, a lo que se suma la falta de credibilidad de Southern Copper – el Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares por infracciones ambientales– y finalmente, el respaldo que muestra el gobierno a las transnacionales desconociendo los derechos de la población.

La apuesta abierta del gobierno por la minería

El conflicto de Tía María es uno de los 149 conflictos sociales activos en nuestro país según la cifra proporcionada  por el reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo,  correspondiente a abril.

De acuerdo a este documento,  en total se registraron 208 conflictos sociales, de los cuales 149 están activos y 59 latentes. De este total, la mayor parte de conflictos son casos socioambientales, como el caso de la refinería de Talara (Piura),  

Hoy la agenda de los medios dirige su mirada a Tía María, hace unos meses fue a Conga –lo que no quiere decir que porque no se nombre ya,  la situación no siga siendo grave en Cajamarca– en su momento fue Talara, años atrás Cerro Quilish o  Tambogrande, que menos mal tuvo final feliz, si no ya no contaríamos con nuestro delicioso limón pequeño, redondo, verde amarillo y ácido.

Los nombres de las comunidades van cambiando en los titulares de los medios de comunicación, y eso no quiere decir que no continúen o que se haya arribado a la solución más justa, ni mucho menos. Todos reflejan un mismo problema: La apuesta abierta del gobierno por la inversión minera y la actividad minera como matriz productiva que  afecta a los y las agricultores, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del país.

¿La minería genera riqueza?

Es una afirmación que sostienen los simpatizantes de la inversión minera, basándose en la uniformidad del PBI en los últimos años, lo que en términos macroeconómicos representa el crecimiento económico del Perú. Un “crecimiento” que no  necesariamente significa desarrollo, mejoras en la calidad de vida de la población, especialmente en lo que a salud y educación se refiere, o disminución de las brechas de desigualdad. Más aún estás se han hecho más evidentes y los servicios de salud y educación, se han privatizado y si son públicos siguen en franco camino a la precariedad, si ya no son precarios.

Asimismo, si miramos cada una de las comunidades mineras, ninguna tiene el desarrollo que necesita y que les fue ofrecido. Ni mejoró la salud, ni la educación…muy por el contrario se incrementó la contaminación ambiental, las enfermedades de niñas, niños y mujeres, sin esperanzas de una vida mejor, la explotación laboral, inseguridad ciudadana, la trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente, menores de edad, la violencia familiar, el alcoholismo…

¿Por qué apostar por la agricultura?

La producción agrícola de Islay se concentra en cultivos como el arroz, papa, ajo, camote, cebolla, la única y riquísima cebolla roja del Perú, maíz amarillo, olivo y caña de azúcar. Hay también una importante actividad agropecuaria derivada de la agricultura, que durante miles de años ha sostenido y sigue sosteniendo la vida de los y las pobladores del valle y la de todo el país. 

Si Tía María se ejecuta, se estará realizando explotación minera de cobre a tajo abierto en el Valle de Tambo, una zona dedicada a la agricultura. Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará a las producciones agrícolas. Como señala el EIA, la explotación de Tía María será a tajo abierto, un cuestionado método de extracción que utiliza explosivos y deja enormes agujeros en la tierra.

Hay un aspecto importante que tomar en cuenta, los proyectos mineros tienen fecha de defunción, puesto que se sustentan en un recurso no renovable, los minerales, una vez agotados, y para esto no pasan más de 40 años,  solo quedan enormes orificios, cual paisaje lunar, silencioso testimonio de la depredación de un territorio sin agua, que ya no puede ser cultivado, ni habitado; de igual manera, se acaban los puestos de trabajo, en otras palabras, se acaba la vida de la comunidad y vienen los y las desplazados por razones ambientales.

Hacia otra matriz productiva por la sostenibilidad de la vida

La agricultura es el único sector realmente productivo de la economía, puesto que la naturaleza tiene la virtud de generar excedentes en forma permanente e indefinida. Según sus principales ideólogos, solamente la naturaleza permite que el producto obtenido siempre sea mayor que los insumos utilizados en su producción. Esto, en lenguaje tecnocrático actual, no es otra cosa que sostenibilidad, ya lo decían  los fisiócratas en el S. XVIII, antes de la Revolución Francesa.

Ningún cambio de la matriz productiva puede producirse destruyendo al agro, lo cual implica responder a las demandas de los sectores campesinos e indígenas que cuestionan tanto la política minera del Gobierno como la desidia legislativa, y esta es una situación y un desafío  que no solo se da en nuestro país, sino que es común a otras naciones sudamericanas y de la región latinoamericana.